El TS determinó que los diferentes métodos de valoración de los inmuebles establecidos por las CCAA para la liquidación de los impuestos ligados a la compra venta de una vivienda no eran idóneos para esta finalidad. Esto provocó que en enero de 2022 el Gobierno publicara un índice de referencia de todos los inmuebles con el que, a partir de esa fecha, debían liquidarse todos los impuestos.

En muchos casos, este índice determinaba un valor de la vivienda mucho mayor del que recogía la propia tasación de los inmuebles solicitada por el Banco, sin embargo, el Estado obligaba a liquidar los impuestos en base a ese índice de referencia, haciendo que los contribuyentes pagaran muchos más impuestos de lo que le correspondía.

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